¿Qué ha pasado con los funcionarios sinaloenses acusados por Estados Unidos?
Estamos a un mes de qué el departamento de justicia de Estados Unidos revelara la acusación que sacudió a algunos personajes de la política mexicana, cuándo en Nueva York se lanzó contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
Cabe señalar que algunos comparecieron ante la Fiscalía General de la República, otros solicitaron licencias y hay un detenido en Brooklyn, mientras que de tres, se desconoce su paradero.
Una corte de Nueva York señaló al gobernador, Rubén Rocha Moya y nueve colaboradores más de presuntamente proteger al cartel de Sinaloa, especialmente a la facción, conocida como los Chapitos, a cambio de sobornos, millonarios, información sobre operativos especiales y algunos sabores electorales.
Rubén Rocha Moya pidió licencia como gobernador de Sinaloa para facilitar las investigaciones que la FGR abrió a raíz de este caso, y durante semanas, su paradero fue una incógnita hasta el pasado 26 de mayo, cuando confirmó haber comparecido ante la fiscalía de Culiacán. Se le señala de haber prometido a los líderes del cartel que nombraría funcionarios a fines al tráfico de drogas y garantizaría impunidad en sus operaciones.
En el caso de Enrique Inzunza Cázarez, senador de morena y ex secretario general de gobierno de Sinaloa, se ausentó de su trabajo legislativo durante 23 días y el pasado 22 de mayo, círculo en redes sociales, una imagen que lo mostraba reunido con él también senador de Morena, Javier Corral Jurado. Él es señalado por ser un vínculo entre la administración estatal y Los Chapitos.
Mientras que el vice fiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra pidió licencia de su cargo y es acusado por recibir pagos mensuales al aproximadamente $11,000 para brindar al cartel información sobre operativos contra sus laboratorios y permitir la destrucción o traslado de pruebas antes de los allanamientos. Ya declaró ante la fiscalía de la República en Culiacán.
Marco Antonio Almanza, ex jefe de la policía de investigación es señalado por haber recibido sobornos de $16,000 mensuales para permitir la libre operación del cartel y la liberación de sus integrantes detenidos, compareció ante la FGR en la capital sinaloense
Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán, ha solicitado licencia de sus funciones y lo acusan de recibir más de $10,000 mensuales en efectivo para garantizar que el grupo criminal opere sin interferencia gubernamental, el pasado 26 de mayo acudió a la FGR en Culiacán.
El ex titular de la Secretaría de seguridad pública, Gerardo Mérida Sánchez cruzó por su propio pie, la garita de Nogales, Sonora, y se entregó a las autoridades de Estados Unidos para ser trasladado al centro de detención metropolitano en Brooklyn, prisión en la que se encuentran Ismael, el mayor Zambada y Rafael Caro Quintero.
Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas, fue ubicado en Europa, y al parecer está resguardado por autoridades, aunque no se ha brindado alguna actualización sobre su ubicación o situación.
Por último, hay tres ex mandos policiacos con paradero desconocido. También son acusados de haber recibido miles de dólares mensualmente para permitir la operación de los Chapitos.
