Ley Antimemes es aprobada y expertos advierten sobre la falta de especificaciones

Esta semana fue aprobada en el Senado de la República la reforma a la Ley Federal de protección de la Propiedad Industrial, mejor conocida como la Ley Antimemes.
Esto significa que 72 senadores dieron el primer paso para que la ley sea oficial y con ellos se sancione a quienes hagan mal uso de ciertas imágenes institucionales, y aunque el principio de la ley reduce riesgos para fraudes en Internet, también deja dudas sobre la libertad de expresión.
Desde la academia se ha analizado esta iniciativa y apuntan que el punto de vista constitucional sugiere que haya una reforma penal cuando involucra el uso de imágenes, logos, símbolos y elementos de identidad de las instituciones en Internet.
El dictamen indica que se impondrá de uno a cinco años de prisión, además de una multa de 1000 a 10,000 U de medida y actualización a las personas, quienes utilicen, reproduzcan, imiten o incorporen a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial que pertenece a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno.
Esto con el objetivo de inducir al error al engaño para cometer un delito sobre el origen oficial de una comunicación con documento, plataforma, servicio, sistema informativo o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública a través de cualquier medio.
Es importante señalar que estas sanciones aplican a nivel comercial, lo que permite distinguir entre una conducta delictiva y el uso legítimo de los símbolos institucionales.
El asunto es que no hay nada, que especifique, que las personas que realicen memes estén expuestas a cualquier sanción por el uso de las imágenes con fines de parodia, pues la redacción es demasiado amplia y se corre el riesgo de que afecte expresiones como la sátira, la parodia o la crítica a través de estas imágenes.
Por eso es muy importante que los delitos estén definidos claramente para que las personas sepan que está prohibido y así evitar un margen excesivo para las autoridades, pues esto sí, es lo que representa el riesgo de libertad de expresión para el ciudadano de a pie.




