Gobierno de Campeche va por expropiaciones 

Si ve a conocer que el congreso de Campeche aprobó de manera rápida la reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho a la Propiedad, que fue iniciativa del la gobernadora, Layda Sansores.

Esto sucedió durante una sesión extraordinaria que fue convocada por la bancada mayoritaria de morena, y fue respaldada por mayoría simple. El dictamen establece las causas de expropiación bajo el concepto de “Utilidad pública” Y aparte regula los procedimientos, modalidades y ejecución de expropiaciones, ocupaciones temporales, servidumbres, administrativas y limitaciones de dominio de bienes privados en el Estado.

Esta medida fue justificada por la falta de reserva territorial en el municipio de San Francisco de Campeche, lo que hace que la construcción de vialidad y vivienda social sea “limitada”.

Esta reforma ha generado polémica, ya que la oposición señaló que se pone el riesgo el patrimonio de los ciudadanos, quienes quedarían sujetos a decisiones ejecutivas, sin posibilidad de impugnar. La declaratoria de utilidad pública se publicará en el periódico oficial del Estado, y se notificará los titulares afectados; en caso de no ser localizados o no responden en cinco días, el Estado podrá tomar posesión de la propiedad.

Una vez decretada a la expropiación, la Secretaría correspondientes, procederán a la ocupación inmediata de los bienes y a la ejecución de las obras proyectadas. Así lo estableció el artículo 18.

Esta Reforma no es casualidad, ya que desde 2022, la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en contra de Alejandro Moreno, quien declaró tener 13 propiedades entre 2000 12:02 1021, muchas en zona de alta plusvalía en la entidad.

Por su parte, la gobernadora, defendió la reforma, argumentando que busca la equitativa, distribución de la riqueza y el desarrollo económico de Campeche, pero la registradora Delma Rabelo advirtió que la ley deja a los ciudadanos sin mecanismos efectivos para impugnar las expropiaciones, señalando que los juicios de amparo serían insuficientes frente al control del Poder Judicial por parte del gobierno. 

Es una realidad que esta reforma abre un debate sobre el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección de la propiedad privada, así como sobre la transparencia y los posibles intereses políticos, se trata de la medida.