Se ha percibido que el consumo de combustible adulterado es una práctica que sigue en aumento en nuestro país, ya que ha habido un incremento en las fallas y deterioros de las piezas del motor de nuestros vehículos, así como la pérdida de potencia y rendimiento.
La Comisión Reguladora de Energía realizó un análisis que estima que el 30% de las gasolinas comercializadas en México, tienen algún grado de adulteración, eso representa un importante riesgo para los vehículos y por supuesto para la seguridad de los conductores.
El asunto es que esta pareciera ser una ramificación más de la delincuencia organizada ya que la adulteración, el combustible ilícito, y el guachón se ha convertido en una operación compleja y lucrativa para los grupos criminales, quienes han desarrollado sistemas sofisticados para alterar la composición de los combustibles, pues utilizan mezclas de nafta ligera y pesada, agua, aceite, etano y hasta disolvente industriales.
Con estas mezclas, la alteración del producto pasa desapercibida en las pruebas normativas obligatorias, a pesar de las cuatro que exige la norma cuando los laboratorios las analizan.
Esto es un ciclo de adulteración constante, y cada vez surgen nuevas tecnologías para detectar estos alcoholes adulterante, pero los delincuentes se actualizan y modifican sus fórmulas para alargar el problema lo más posible.
El desafío radica en el transporte del producto donde se ha detectado un incremento significativo en la adulteración, pues durante el traslado de los petrolíferos la delincuencia, aprovecha para manipular sus características.
Cabe señalar que esta no es un problema nuevo, pues desde la reforma energética de 2013 qué se permitió la entrada de empresas privadas al mercado de combustibles, Pemex perdió su monopolio, como único productor, importador y distribuidor de la gasolina y Diesel, previo a esto, la paraestatal controlaba la cadena de suministro, a través de sus franquicias, lo que le permitía mantener una supervisión más estricta sobre la calidad de los combustibles. con la apertura del mercado, ese control se diluyó y la adulteración ha venido en aumento.
La CRE recibe alrededor de 10 denuncias diariamente por parte de los consumidores que han sufrido problemas en sus vehículos, tras comprar gasolina y los testimonios de los afectados incluyen desde motores que dejaron de funcionar hasta la aparición de fallas mecánicas, graves, y esto no sólo resalta la gravedad del problema, sino también la necesidad urgente de qué simplemente una estrategia de cooperación entre el sector público y privado para terminar con esta crisis.
Tanto gobierno como las autoridades regulatorias y el sector privado deben trabajar en coordinación para la creación de medidas más estrictas que lleven a la detección y sanción de la adulteración de combustibles, pues se pueden generar diversas fallas mecánicas, incluso en las carreteras, por lo que los accidentes mortales, podrían estar a la orden del día.