Jorge Sanén Cervantes, secretario general del Consejo Estatal de Morena en Quintana Roo y diputado plurinominal electo, anunció que el Grupo Parlamentario de Morena en la XVIII Legislatura del Congreso del Estado se enfocará en revisar el rezago legislativo heredado, incluyendo las iniciativas pendientes. Una de las prioridades será el análisis del estatus de la concesionaria de agua potable Aguakan, cuyo futuro ha sido objeto de debate tras la Consulta Pública de junio de 2022.
Sanén Cervantes enfatizó que, una vez que se instale la nueva Legislatura, se revisará la situación de Aguakán para darle el seguimiento necesario y hacer valer la voluntad ciudadana expresada en la consulta. En esa ocasión, los habitantes de Isla Mujeres, Puerto Morelos y Benito Juárez votaron mayoritariamente a favor de la salida de la concesionaria de esos municipios.
El caso de Aguakan se ha complicado desde que la empresa se amparó tras el intento de revocar su concesión, permitiéndole seguir operando mientras el asunto se encuentra en manos de instancias jurisdiccionales federales. Recientemente, Humberto Aldana Navarro, actual diputado local y presidente de la Comisión Transitoria encargada de revisar las concesiones del agua potable, sugirió que el tema de Aguakan podría considerarse cerrado para la XVII Legislatura. No obstante, Sanén Cervantes aseguró que Morena revisará el estatus de esta y otras iniciativas pendientes.
Además del seguimiento a la concesión de Aguakán, otro tema relacionado que estará bajo escrutinio es la investigación sobre el paradero de más de mil cincuenta millones de pesos que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) recibió como contraprestación por la ampliación de la concesión. Estos fondos desaparecieron de las cuentas de CAPA durante la administración del exgobernador Roberto Borge Angulo, y hasta la fecha no se ha esclarecido su destino.
La nueva legislatura de Quintana Roo, liderada en su mayoría por Morena, se enfrenta a una serie de desafíos al abordar estos temas pendientes, que no solo involucran la gestión de los recursos hídricos, sino también la transparencia y la justicia en el manejo de concesiones públicas.