Al vencer el ultimátum del presidente Joe Biden hacia el gobernador republicano de Texas, para la próxima entrada en vigor de la polémica legislación SB4, que permite sin mayor cuestionamiento detener y deportar a inmigrantes, sospechosos de ser indocumentados, el Departamento de Justicia ha presentado una demanda bajo argumentos constitucionales.
La demanda sostiene que el Estado gobernado por Greg Abbot viola las cláusulas de supremacía y la de Comercio Exterior de la Constitución de Estados Unidos, ya que asigna al gobierno federal la autoridad exclusiva para regular la migración y gestionar las fronteras internacionales. En pocas palabras, Texas quiere hacer el trabajo de la Federación.
El objetivo de esta demanda es que el Departamento de Justicia declare como inválida la SB4 y aparte de la orden de prohibir de manera preliminar y permanente al estado hacer cumplir esta legislación.
Biden tomó esta decisión, después de que se negó a acatar la exigencia de suspender la entrada en vigor de la ley que podría activarse para el 5 de marzo próximo.
Algunos analistas consideran que lo que quiere es que esta controversia llegue a la suprema corte de justicia, y con ello los magistrados conservadores validen esta política para que los estados que son gobernados por el Partido Republicano, definan sus propias medidas migratorias.
A través de la SB4, los jueces estatales tendrán la capacidad de ordenar la expulsión de los migrantes del territorio de Estados Unidos. El plan es que los indocumentados sean deportados a México, aunque este no sea su país de origen.