La periodista, Leticia Robles de la Rosa, quien siempre se ha encargado de difundir y explicar con peras y manzanas el tema legislativo específicamente en el Senado, ha dado a conocer que fue el organismo quien canceló las comparecencias del titular de Sedena y de la Secretaría de Marina.
Tanto Luis Crescencio Sandoval, como José Rafael Ojeda Durán, estaban programados para visitar la Cámara Alta como parte de la glosa del 4to Informe de Gobierno de López Obrador, pero que siempre ya no.
La única que hará lo que corresponde en esta tarea será la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Esto se dio a conocer en la Gaceta del Senado, donde se publicó que las comparecencias del general y del almirante que se tenían previstas para hoy 19 de octubre, están canceladas.
Lo que sí se aclaró fue que ambos funcionarios acudirán en calidad de acompañantes de Rodríguez Velázquez pero no responderán preguntas de los senadores.
El senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural ha invitado a los titulares de ambas dependencias para aclarar los temas como Sedena Leaks, la violación de derechos humanos de varios mexicanos, incluyendo estudiantes de Ayotzinapa, como parte de un ejercicio democrático en México.
Por otro lado, la secretaria de Seguridad afirmó que los delitos del fuero federal como el narcotráfico, delincuencia organizada, delitos contra la salud y robo de hidrocarburos se redujeron en 23.3%.
En el tema de los delitos fiscales, se logró una disminución de 60%; los delitos financieros bajaron en 65%, robo de hidrocarburos descendió 92% con lo que se estima que se han ahorrado 226 mil 84 millones de pesos, que recibieron las arcas del gobierno.
En cuanto a los delitos de fuero común, el secuestro disminuyó 74.1%, el robo total cambió a la baja con un 18.1%, a vehículos en 40.4%, robo en transporte público cayó 35.4%, el de casa habitación en 20.7%, a transportistas se redujo 39%, a negocio 28% y a transeúnte, se logró la reducción en 14.4%.
Por último, Rodríguez Velázquez declaró que el Estado Mexicano afectó los intereses económicos del crimen organizado, en 674 mil 200 millones de pesos, que son equivalentes a 33 mil 693 millones de dólares.