Ayer 17 de agosto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó la orden de aprehensión que fue girada en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Recordemos que la Fiscalía General de la República lo señaló como presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ante esto, los cinco ministros integrantes de la Primera Sala de la SCJN, determinaron que el mandatario estatal, goza de fuero constitucional, al menos hasta el 30 de septiembre del 2022, día en que termina su administración y aparte que el Poder Legislativo actuó conforme a sus atribuciones ya que no estaba obligado a homologar la decisión del Congreso de la Unión, que había acordado retirar inmunidad al gobernador.
La SCJN determinó que aunque desde San Lázaro se erigen en jurado de procedencia para desaforar a un gobernador, no son vinculantes para los congresos locales. El 30 de abril del 2021 fue cuando la Cámara de Diputados avaló el desafuero del panista, para que enfrentara el proceso por defraudación de un monto de 6.5 millones de pesos, por lo que la FGR giró una orden de aprehensión.
En mayo del 2022, Faustino Gutiérrez, Juez Octavo de Distrito en Tamaulipas otorgó una suspensión provisional de al menos 13 días a Cabeza de Vaca, contra cualquier orden de aprehensión por parte de la dependencia dirigida por Gertz Manero.
La Primera Sala de la Corte concluyó que la Fiscalía y el juez de control vulneraron el orden constitucional. Así como el desconocimiento de ambos actores de las facultades del Congreso de Tamaulipas, al tratar de imputar al gobernador del Estado, por la comisión de delitos federales, porque debieron esperar la votación de los diputados locales para concretar el desafuero del mandatario local.