La Unidad de Inteligencia Finaciera ha presentado la denuncia ante la FGR en contra de Peña Nieto porque detectaron transferencias por 26 millones de pesos, que al parecer son de procedencia ilícita.
Con ello, la fiscalía ha abierto una carpeta de investigación para determinar si es que existe un delito en las operaciones que de origen a una judicialización del caso.
Pablo Gómez, titular de la UIF informó que el ex mandatario conformó dos empresas con familiares antes de su llegada a Los Pinos, una de las cuales tenía relación con una compañía extranjera.
Al parecer, esta última se convirtió en proveedor de su administración y se benefició de contratos por un total de 10 mil 533 mdp; 714 millones en 2013, 2 mil 126 en 2014, 5 mil 505 en 2015, 948.7 en 2016, 991 en 2017 y mil 246 millones en 2018.
El objetivo es no ocultar información ni convertirse en una simulación para permitir la corrupción pero sin persecución política.
Los presuntos delitos será establecidos por el fiscal, el expediente con la información y todos los detalles ya están en poder de la FGR y la UIF es la encargada de presentar todos los datos que se requieran.