En medio de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer se dio a conocer que el Congreso de Sinaloa aprobó la interrupción de embarazos hasta las 13 semanas de gestación, dicha resolución se llevó a cabo mientras un grupo Provida y defensores de la familia se protestaban a las afueras de las inmediaciones con imágenes de la Virgen y exhiben pancartas que mostraban su descontento por despenalizar el aborto.
Dentro de la sesión extraordinaria se tuvieron 28 votos a favor, 9 abstenciones y 2 en contra, los cuales, sirvieron para la despenalización del aborto en Sinaloa; el Congreso del estado estableció una nueva reforma en derogar diversas dispersiones establecidas en el Código Penal, el Código Familiar, la Ley de Salud, el Código Civil y la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia para poder dar paso al aborto en condiciones seguras, de calidad, salubridad y con toda la información posible hacia las mujeres que desean interrumpir su gestación.
“…Con la mayoría de votos de morena, Sinaloa se convirtió en el séptimo estado en despenalizar la interrupción del embarazo. Por eso queremos mujeres de izquierda en el poder, no simuladores que nunca hicieron nada por nosotras. La marea verde avanza en este #8M2022…” escribió Citlalli Hernández, secretaria regional de Morena.
Sinaloa se ha convertido en la séptima entidad en despenalizar el aborto en nuestro país, la primera fue la Ciudad de México en 2008, posteriormente le siguieron Oaxaca en 2019, Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima en 2021.
Las nuevas disposiciones, establecen que las mujeres o personas gestantes pueden interrumpir el embarazo hasta las 13 semanas, después del tiempo estimado podrían ser sancionadas con una amonestación de 1 a 3 meses en medidas integrales, las cuales quedarán bajo los criterios de las autoridades judiciales.
De igual forma, toda persona que intente forzar u obligar a una mujer gestante se le impondrá una sanción de 2 a 8 años de prisión; en caso de perder la capacidad reproductiva o se emplee el engaño o violencia física para terminar con el embarazo, el responsable será sentenciado de 3 hasta 9 años en la cárcel.
Así mismo, si el delito de interrupción del embarazo se diera por profesionales de la salud, se implementará una suspensión de 2 a cinco años sin poder ejercer su profesión; no obstante, los médicos tienen la capacidad de derecho a objeción de conciencia, el cual, puede interferir en la decisión de terminar una gestación, ya sea por motivos personales o morales.