La Secretaría de la Función Pública ha confirmado la sanción de inhabilitación por diez años y multa de 158 millones, 662 mil pesos impuesta al ex director general de Programación y Presupuestación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el sexenio pasado bajo las órdenes de la entonces titular Rosario Robles involucrada en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
A través de un comunicado, la dependencia federal detalló que el Órgano Interno de Control de la Sedatu inició la investigación sobre este caso como resultado de una observación de la Auditoría Superior de la Federación y durante este proceso se hallaron diversas irregularidades, por lo que se determinó imponer la sanción en 2018, luego de acreditar que el funcionario omitió en 2015 cumplir con sus responsabilidades como encargado de la entonces Dirección General de Programación y Presupuestación de la dependencia.
El problema fue que no dio de baja su usuario en un sistema de adecuaciones presupuestales, por lo que dió pie a hacer mal uso del mismo y se solicitara una ampliación de recursos por más de 158 millones de pesos, para otorgar subsidios adicionales y atender a los beneficiarios del Programa de Vivienda Rural que maneja el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
“Tales conductas constituyen faltas administrativas según lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”
La sanción fue confirmada cuando un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
Recordemos que la “Estafa Maestra” es una red estratégica de desvío de recursos públicos que involucra al menos a 11 dependencias, como la Sedesol, Sedatu. SCT, Banobras, Pemex y a ocho universidades públicas, servidores públicos de distintos niveles de gobierno, en el desvío de más de cinco mil millones de pesos.
La operación fue a través de presuntos desvíos en la asignación de contratos de forma irregular para la realización de servicios, donde las dependencias federales recurrieron a ocho universidades públicas para hacer contrataciones por servicios que no se cumplieron, todo esto ya está comprobado por la Auditoría Superior de la Federación.