Ante la demanda del gobierno mexicano hacia once fabricantes por la responsabilidad en la cadena de venta de armas que terminan en el mercado negro, donde a través de traficantes venden los arsenales a criminales responsables de asesinatos y masacres en México, los sujetos de la demanda han respondido a la Corte Federal que sus productos son vendidos por expendios independientes en cualquier parte de Estados Unidos.
Lo que a veces involucra que se vendan a terceros los productos que terminan en el mercado ilícito de los armamentos. Los fabricantes de armas demandados por el gobierno de AMLO pidieron a la Corte Federal de Massachusetts desechar el caso.
A través de un memorando dirigido a la Corte, los demandados, Smith and Wesson Brands, Barret, Century International Arms, Colt´s, Glock, SturM Ruger and Co. e Interstate Arms, presentaron sus argumentos por escrito para eliminar la demanda civil en su contra.
Argumentan que no son responsables del tráfico ilegal de armas a México, ya que ellos cumplen con todas las leyes estatales y federales para fabricar y vender sus productos. Ellos no tienen control sobre la instrumentalidad de la molestia o negligencia en la venta ilegal de armas en el país vecino a traficantes de las mismas.
Los armeros también argumentan que la Corte Federal de Massachusetts, donde el gobierno de López Obrador levantó la denuncia, no tiene jurisdicción sobre licencias de venta y fabricación de las armas a nivel federal, lo que puede ocurrir en cualquier parte de Estados Unidos.
Esta querella acusa a los 11 fabricantes de tener resonsabilidad en lac adena de venta de armas que termina en el mercado negro donde a través de traficantes venden los arsenales a criminales responsables de asesinatos y masacres en México.
“El gobierno de México se apoya en una vaga, sin sustento y altamente atenuada cadena de eventos descritos en estos documentos que involucra a múltiples actores sin relación con Ruger y Witmer quienes presuntamente han actuado criminalmente para conectar las actividades legales de nosotros en Massachusetts con la violencia criminal en México” resalta el memorando presentado en la Corte Federal.
La petición de los once fabricantes debe ser analizada por el juez federal, Dennis Saylor, a la espera de una respuesta del gobierno de López Obrador para argumentar en contra desechar el caso de la demanda civil en Massachusetts.