La tarde de ayer, Presidencia de la República hizo publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional.
En su versión vespertina, el DOF contiene este decreto que instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
También señala que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Si no hay una autorización provisional en ese periodo de tiempo, se considerará resuelta en sentido positivo.
El acuerdo entra en vigor hoy y estipula que la autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.
Aunque el acuerdo no lo menciona, esto servirá para agilizar las más grandes obras de infraestructura del presidente como son la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Angeles.
Las reacciones no se han hecho esperar, intelectuales acusan que esto va en contra de los mecanismos de transparencia que poco a poco se han ido construyendo en México y que se pone en riesgo que se cumplan los requisitos demandados en la ley para llevar a cabo obras de carácter federal.