Ha llegado el momento de que la Fiscalía General de la República fortalezca en caso Odebrecht, por lo que ahora busca imputar el delito de delincuencia organizada al ex presidente Enrique Peña Nieto, así como a 16 actores políticos más como Luis Videgaray y Ricardo Anaya, por mencionar algunos, que aparte ya fueron denunciados por Emilio Lozoya como parte de los sobornos de la constructora brasileña.
Al momento, el Ministerio Público de la Federación sólo ha acusado a los involucrados en este caso por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho a Ricardo Anaya, Carlos Treviño y el ex senador Jorge Luis Lavalle, a la fecha los únicos imputados por la denuncia de Lozoya.
Después de un año sin resultados, Gertz Manero recurre a uno de los delitos más graves que implica cárcel forzosa, así como una pena de hasta 60 años de prisión y es que el pasado 2 de septiembre, la Unidad de Investigación a cargo de este caso emitió un acuerdo en el que remitió a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada la carpeta de investigación que se inició desde agosto del 2020 debido a las denuncias del ex director de Pemex.
Así lo ha dado a conocer el diario Milenio que tiene en su poder un documento en el que está plasmado que los hechos investigados podrían constituir algunos de los hechos en delitos de delincuencia organizada.
La Fiscalía Especializada, que está a cargo de Alfredo Higuera Bernal ha integrado la carpeta de investigación y destaca que en estos documentos se señala en particular a Peña Nieto y a su secretario de Hacienda Luis Videgaray, a quien el año pasado intentaron aprehender pero un juez federal rechazó girar la orden.
Los nombres de los panistas Jorge Luis Lavalle, Ricardo Anaya y el todavía gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, son acompañados por Ernesto Cordero y David Penchyna.
En estos documentos se señala al expresidente y al ex secretario de Hacienda como destino de recursos enviados por Odebrecht que fueron utilizados para financiar la campaña presidencial priísta en 2012, así como para entregar sobornos a legisladores tanto de Cámara de Diputados como en el Senado, para aprobar la Reforma Energética y sus Leyes Secundarias que facilitaran la entrega del petróleo y los recursos de la nación a empresas e intereses extranjeros, a través de contratos de adjudicación directa.
Las pruebas que sostiene la FGR son entrevistas con el personal que en ese entonces laboró en Pemex, en la Cámara de Senadores y los ex funcionarios de la empresa brasileña. Debido a esto, la Unidad Investigadora remitirá una copia certificada de toda la carpeta de investigación al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Alfredo Higuera para dar inicio a lo que conforme a derecho, corresponda.