La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dio a conocer la demanda que presentó en Estados Unidos con la finalidad de recuperar los bienes del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Son 39 las propiedades que tenía el funcionario que ahora se encuentra preso en Nueva York por el delito de narcotráfico. La demanda fue presentada en las cortes de Miami, Florida, pues en este estados es donde se han localizado una gran cantidad de inmuebles vinculados a lavado de dinero y actos de corrupción política.
“Cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares, las cuales según se alega en la demanda se ubican o cuentan con operaciones en la Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales”, detalló la UIF a través de un comunicado.
Este hecho representa la primera acción legal en coordinación entre la UIF, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En el comunicado, la UIF afirmó que la adquisición de estos bienes “son derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el ex secretario de Seguridad Pública”.
“La presente demanda se basa en violaciones a la Ley Rico de Florida, conspiración y enriquecimiento injusto, entre otros. En el litigio se alega que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por García Luna y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción”, detalló la institución.
La UIF reiteró el compromiso que tiene para combatir “las estructuras económicas de las organizaciones criminales y la impunidad, para hacer efectivo el derecho de la sociedad mexicana a recuperar activos procedentes de esquemas de lavado de dinero que tuvieron origen en territorio nacional, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras.
Lo anterior remarca la posición del Estado mexicano de cero tolerancia frente a actos de corrupción”, concluyó.