Este lunes, de manera unánime el pleno del Senado de la República aprobó la nueva Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que regresará a la Cámara de Diputados debido a que se realizaron 28 modificaciones.
Bastaron los 106 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. En su regreso a la Cámara de Diputados se enunciarán los procesos de procedencia que resuelva y comunique a las legislaturas locales para que procedan como corresponda.
“Aprobamos por unanimidad la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Nunca más un servidor público se escudará detrás del fuero para agravar al pueblo de México. Seguimos dialogando y sumando coincidencias y acuerdos entre todas las fuerzas políticas”
Esta ley establece que los sujetos puedan ser objeto de juicio político: el presidente de la República, gobernadores, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros del INE y miembros de organismos autónomos.
También establece que el titular del Ejecutivo podrá ser imputado y sometido por traición a la patria, corrupción, delitos electorales y todas aquellas violaciones por las que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.
Se puede emprender un juicio político cuando algún funcionario ataque a las instituciones democráticas, viole los derechos humanos o cualquier violación a la Carta Magna. Después de los trabajos realizados en comisiones, el bloque integrado por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, alcanzaron un consenso con Morena y sus aliados.
Al respecto, la senadora priísta Claudia Ruiz Massieu, destacó la disposición de diálogo de la mayoría para aprobar dicho dictamen ya que se abre la posibilidad de que cualquier servidor público sea denunciado ante la justicia con el debido proceso.
Por su parte, el integrante de la bancada panista, Damián Zepeda indicó que la Ley aprobada pretende mejorar los procedimientos por los cuáles los servidores públicos sí podrán ser sujetos de responsabilidad. Este procedimiento sólo será ejecutado para casos de violaciones graves a la Constitución o las leyes federales o malversación de recursos.