Inés Gómez-Mont asegura que no tiene acceso a la orden de aprehensión en su contra por delitos de lavado de dinero. - Audiorama Comunicaciones
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Inés Gómez-Mont asegura que no tiene acceso a la orden de aprehensión en su contra por delitos de lavado de dinero.

El pasado viernes se dio a conocer que un juez federal emitió una orden de aprehensión contra Inés Gómez-Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por su presunta participación en tres delitos como delincuencia organizada, peculado y operar recursos de procedencia ilícita.

Los primeros reportes indican que la conductora de televisión en conjunto con su marido Víctor Manuel y su cuñado Alejandro Álvarez, están implicados en varias empresas fantasmas con las cuales supuestamente ayudan a terceras personas a evadir impuestos, lavado de dinero y desviar recursos públicos.

“…No hemos tenido acceso a esa orden ni a las pruebas que la justifiquen. Únicamente a reportes de prensa con información parcial y dolosamente filtrada…”

De acuerdo con Gómez-Mont las autoridades mexicanas no se han puesto en contacto con ella para darle acceso a la supuesta carpeta de investigación que derivó la orden de aprehensión en su contra, y solo tuvo noción de lo sucedió por la filtración de los medios de comunicación; Así mismo, declaro estar preparándose para comenzar el proceso legal y ejercer sus derechos conforme la ley lo indica.

“…A los que nos han hecho llegar sus muestras de apoyo, se los agradezco de todo corazón. Sepan que nos estamos preparando para enfrentar el proceso y ejercer todos nuestros derechos … Los mantendremos informados sobre esta triste y penosa situación. Gracias por su cariños y Dios los bendiga…” escribió Inés en Instagram.

¿Sobre qué se le acusa a Inés Gómez-Mont?

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia la vinculan junto con su esposo y otras personas en un desvió de casi 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) cuando era gestionada por el actual senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong. Presuntamente, todo salió a raíz de una revisión de la Secretaría de la Función Pública, donde encontraron una serie de contratos por la SEGOB a diversas empresas, las cuales triangularon la cantidad de 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras a nombre de Víctor Álvarez Puga.