Desde su inicio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha promovido llevar a cabo una consulta para juzgar a expresidentes de nuestro país. De hecho el próximo 1 de agosto se llevará a cabo.
Por su parte, la organización gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, Human Rights Watch, ha señalado que la consulta popular para enjuiciar a expresidentes que promueve López Obrador, es simplemente un circo político.
“El fiscal general mexicano puede iniciar una investigación sobre los expresidentes en cualquier momento. No requiere una consulta popular. Si tiene pruebas contra ellos, es su deber investigarlos. Esperar los resultados de una consulta es hacer de la justicia un circo político” declaró José Miguel Vivanco, quien es titular de la organización.
El objetivo de dicha consulta es llevar a juicio público a los predecesores de López Obrador, quien describe al periodo neoliberal como uno de los más destructores de nuestro país. Sin embargo, el cuestionamiento lanzado para dar inicio al ejercicio electoral, ha sido fuertemente criticado, ya que da la impresión de que carece de objetividad.
En un inicio la pregunta mencionaba por nombre y pedía indagar “la presunta comisión de delitos” de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia cambió el cuestionamiento:
“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”
Esa es la pregunta avalada por la Corte en octubre pasado. Con lo que la opinión pública ha cuestionado su mal llamada “consulta popular” que AMLO ha impuesto desde que llegó al poder, como un ejercicio político que le ha servido para frenar gran parte de las obras públicas.
Incluso, el medio inglés The Economist ha comparado al titular del Ejecutivo con el actor y comediante Cantinflas, debido a que sus acciones y discursos para llevar a expresidentes a juicio carecen de congruencia.